Precisarán los plazos en que regirán la presunción de uso de información privilegiada y la prohibición de operaciones de compra

A petición de los senadores Hernán Larraín y Jovino Novoa, la Sala del Senado acordó devolver a la Comisión de Hacienda el proyecto, en primer trámite, que modifica la Ley del Mercado de Valores, sobre información privilegiada con el fin de perfeccionar dos normas relativas a los periodos que se establecen para formular la presunción de uso de tal información y la prohibición de operaciones de compra.



Sin embargo, los senadores Carlos Ominami y Camilo Escalona aclararon que dicha revisión será técnica y no servirá como excusa para "subsumir el proyecto en otra iniciativa, que inició su segundo trámite, sobre gobiernos corporativos". Durante el debate intervinieron además los senadores Nelson Ávila, Hernán Larraín, Jovino Novoa, Alberto Espina y Baldo Prokurica.



El senador Carlos Ominami, uno de los autores de la moción señaló que "se fortalece el carácter de información privilegiada de la Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU)" o estados financieros de las empresas. Asimismo se establece que hay presunción de uso de información privilegiada dentro de los 15 días antes de la presentación de dichos estados y se disponen mecanismos de prohibición de compra de acciones emitidas por las sociedades en cuestión para sus ejecutivos, protegiendo así los intereses de los socios minoritarios".



Por su parte, el senador Nelson Ávila recordó que esta iniciativa surgió luego de la operación de compra de acciones de Lan Chile que realizó el empresario, Sebastián Piñera y que abrió el debate sobre esta materia. "El problema es que en Chile todo pasa por convenciones de pasillos, pese a que en otros países está claro que estas conductas son ilícitas".



En tanto, el senador Hernán Larraín, destacó la necesidad de "esclarecer lo que entendemos por información privilegiada para precisar ciertas prácticas que se han venido desarrollando en el sector privado". Sin embargo, advirtió sobre la redacción del texto legal que permite una interpretación compleja en la figura de la presunción y afirmó que "es preciso concordar este texto con lo que viene en el proyecto sobre gobiernos corporativos de las empresas. Por ello, sería prudente postergar esta discusión y tener un solo criterio, dijo".



A su vez, el senador Jovino Novoa fue más allá y señaló que "si bien las normas sobre presunción de uso de información privilegiada y de prohibición de operaciones de compra son necesarias, existe un problema de redacción porque los plazos que se disponen no son exactos y podrían provocar que una persona cayera en el periodo de presunción o de prohibición sin realmente haber querido incurrir en esa irregularidad.



En tanto, el senador Camilo Escalona acogió las aprensiones sobre la redacción del texto legal que hicieron sus pares, pero aclaró que "sería lamentable perder el trabajo realizado por la Comisión en torno a esta iniciativa" al tratar de refundirlo con el proyecto de gobiernos corporativos. Añadió que "tampoco se puede eludir que el proyecto se trató bajo el impacto en la opinión pública que provocó el proceso de compra de acciones de Lan Chile".



Por su parte, el senador Alberto Espina, se mostró partidario de fortalecer la legislación sobre uso de información privilegiada pero coincidió con la preocupación expresada por sus pares en el sentido de que "existe un vacío en cuanto al periodo en que una persona pudiera caer de forma involuntaria en el plazo de sospecha de uso de la información o de prohibición de compra". Advirtió además que en la Reforma Procesal Penal se eliminó la figura de las presunciones como método probatorio porque era subjetiva e injusta.



Finalmente, el senador Baldo Prokurica, resaltó la importancia de que el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda porque "varios de los que estamos aquí conocemos otros casos de información privilegiada que tampoco se deben eludir porque no se da solo en el sector privado". Mencionó los casos de empresas como CODELCO, ENAMI y ENAP donde "funcionarios públicos se van a la empresa privada y utilizan la información privilegiada en contra de los intereses de todos los chilenos", por ejemplo, dijo "hay ex funcionarios de CODELCO que tienen pertenencias mineras alrededor de la minera estatal y a los que les va muy bien en los negocios".


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